MANIFIESTO

Las organizaciones firmantes de este manifiesto (Plataforma Ecologista Madrileña, Asociación Empatía y Plataforma NAC No a la Caza) hemos decidido actuar juntas ante lo que consideramos un grave retroceso en materia de medio ambiente, bienestar animal y derechos ciudadanos.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un proyecto de Ley de Caza y Pesca ha sido remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria, con previsión de entrar en vigor a lo largo de 2026. Este texto, que vendrá a sustituir a la ley franquista de 1970, ha sido elaborado, a nuestro juicio, al dictado de un sector minoritario que representa apenas el 0,63 % de la población madrileña, pero que controla más del 70 % del territorio de la Comunidad.

Ante esta situación, nos vemos en la obligación moral y ciudadana de alzar la voz.

La nueva ley presenta la caza como una herramienta de gestión medioambiental y de sostenibilidad del territorio. Rechazamos esta premisa. La caza es una actividad recreativa que encuentra su disfrute en la muerte de animales, y no puede ser equiparada a políticas de conservación rigurosas basadas en evidencia científica.

Denunciamos, en concreto, los siguientes aspectos del texto:

• La ampliación del listado de especies cazables de 24 a 31, incorporando aves vinculadas a humedales, como gansos, ánades o agachadizas, cuyas poblaciones se encuentran en declive tanto en la Península Ibérica como en la propia Comunidad de Madrid.
• La declaración de todos los días del año como hábiles para la caza, eliminando cualquier periodo de tregua para la recuperación de las especies.
• La recuperación de modalidades de caza prohibidas hasta ahora por su crueldad, como la caza de paloma con cimbel y la perdiz con reclamo, que emplean animales vivos como señuelo.
• La autorización del uso de drones, dispositivos térmicos y de visión nocturna para localizar animales, tecnología que elimina prácticamente cualquier posibilidad de escape para la fauna.
• El uso masivo de perros de rehalas (entre 200 y 500 por montería) en condiciones que generan estrés, lesiones y abandono, agravado por la exclusión de estos animales del ámbito de protección de la Ley de Protección de los Animales de Compañía.
• La prohibición de acceso de la ciudadanía a caminos públicos y márgenes de ríos durante las jornadas de caza, limitando el disfrute del territorio por el conjunto de la población.
• La penalización del acceso de personas no cazadoras a zonas de caza bajo la justificación de «dificultar el legítimo aprovechamiento cinegético», restricción que consideramos contraria al derecho de reunión y a la libertad de movimiento.
• La delegación de la supervisión y planificación cinegética en los propios titulares de los cotos, sin mecanismos de auditoría científica externa ni de control público efectivo.

Exigimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid:

• La paralización del proyecto de ley en su forma actual y la apertura de un proceso de consulta pública real, con participación de la sociedad civil, organizaciones científicas y entidades de protección ambiental.
• La retirada de todos los artículos que supongan un retroceso en materia de bienestar animal, incluyendo la recuperación de modalidades de caza crueles y la exclusión de los perros de caza de la normativa de protección animal.
• El establecimiento de mecanismos independientes de control y auditoría científica que garanticen que la gestión de la fauna se base en datos verificables y no en los intereses del sector cinegético.
• La garantía del acceso libre y seguro de toda la ciudadanía al territorio público, sin restricciones por razón de la actividad cinegética.
• La reducción, y no la ampliación, del listado de especies cazables, en coherencia con el estado de conservación de las poblaciones silvestres y con los compromisos europeos en materia de biodiversidad.

Este manifiesto se dirige a toda la ciudadanía de la Comunidad de Madrid. No hablamos solo a quienes comparten nuestra posición sobre la caza. Hablamos a senderistas y ciclistas que recorren los montes de la región, a familias que disfrutan del campo los fines de semana, a amantes de la naturaleza, a vecinos de municipios rurales, a personas que simplemente valoran la biodiversidad como patrimonio común.

Esta ley no es un asunto sectorial. Es una decisión sobre cómo se gestiona, para quién y en beneficio de qué, el territorio que compartimos todos.

El proyecto de ley está en la Asamblea de Madrid. La tramitación parlamentaria es el último momento para introducir cambios o para frenar una norma que consideramos inaceptable. El tiempo es limitado. La ciudadanía tenemos la palabra.

Pedimos a todas las personas, entidades, colectivos y organizaciones que compartan nuestra preocupación que se adhieran a esta campaña, que amplíen el alcance de este mensaje y que participen en las movilizaciones que iremos convocando a lo largo de los próximos meses.

¡ÚNETE!